Ucoerm, organización que representa en la Región de Murcia
aproximadamente al 50 por ciento de los centros concertados (cerca de
1.500 aulas, y 38.000 alumnas y alumnos) y a más de 120 escuelas
infantiles, quiere manifestar en relación con la LOMLOE y su próxima
propuesta al Congreso las siguientes consideraciones.
1.- Ucoerm manifiesta su malestar por el actual ambiente de crispación y
de enfrentamiento innecesario, con el lógico desencuentro de la
comunidad educativa, en un momento en el que se debería apostar por los
consensos.
2.- Ucoerm considera que en estos momentos donde priman otras
preocupaciones en la sociedad, derivadas de la pandemia como salud,
economía, empresas, bienestar, pérdidas de empleo…… no parece que sea
el momento más adecuado para aprobar una legislación tan importante,
aun entendiéndose necesaria una ley que pudiese mejorar la situación
actual del sistema educativo (mayor inclusividad, reducción de fracaso y
abandono escolar,…) , para con celeridad plantear la aprobación de una
ley sin acuerdos, sin consensos con organizaciones y asociaciones del
sector y que puede afectar claramente a gran parte de la sociedad.
3.- Ucoerm considera que no se debería utilizar a la enseñanza concertada
como campo de enfrentamiento entre distintos enfoques ideológicos, sino
que debería de ser la educación motivo de un Pacto de Estado y en su caso
Autonómico. Reiteramos en este sentido la necesidad de posibilitar un
Pacto Educativo en la Región de Murcia.
4.- Ucoerm quiere señalar que las cooperativas se caracterizan por el
principio de pluralidad ideológica de sus miembros e independencia y
autonomía en cuanto a organizaciones representativas. El valor de las
cooperativas como modelo económico y social, y por supuesto educativo
como es el caso, fomenta los valores universales de democracia,
solidaridad, transparencia, ética y cooperación. Entendemos que la
educación es un servicio público, en tanto que asegura un derecho básico
y no ha de quedar necesariamente ligado a un tipo de titularidad: la
definición de servicio público trasciende del debate estricto de la
titularidad.
Compartimos la escolarización equilibrada, integración y alumnos con NEE.
Cumplimos el principio de gratuidad.
5.- Ucoerm ha manifestado en reiteradas ocasiones su postura a favor de
revisar aspectos de la Ley actual y es posible que esta ley pudiera ser una
oportunidad para ello, pero eso no es óbice para intentar con esta nueva
ley forzar la Subsidiariedad de la concertada respecto de la pública y no
respetar el sentido de complementariedad de ambas redes.
Hasta ahora ha habido una colaboración inteligente y así debería seguir
siéndolo.
De hecho, el artículo 116, correspondiente al acceso o mantenimiento de
los Conciertos educativos, otorga preferencia a los que están constituidos
y funcionan en régimen de cooperativa, cuya especificidad será además
objeto de reconocimiento.
6.- Pero no entendemos ni compartimos que en varios artículos de la
LOMLOE por ejemplo el referido a la Educación Infantil aparezcan
términos como “Incrementarán progresivamente el número de plazas
públicas” lo que podría conllevar que la escolarización de los padres se
produjese en esos centros y después no cambiasen sus hijos e hijas a otros
centros a partir de los 3 años; este apartado unido a la situación de baja de
la natalidad genera un estado de incertidumbre ante la pérdida de
alumnado y de puestos de trabajo de estas docentes.
Lo que nos lleva a plantear la necesidad de financiar la etapa 0-3 años en
los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente en las
cooperativas.
Del mismo modo, en el artículo 109 referente a la Programación de la Red
de Centros, donde de no aparecer nada en el borrador de la Ley, termina
apareciendo “Las Administraciones educativas promoverán un
incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de
titularidad pública”.
Y en su punto 4 señala que “Las administraciones educativas deberán
tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el
principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. El
uso de este apartado, unido a las referencias anteriores produciría
pérdida de unidades concertadas.
La concertada sólo se reconoce en niveles obligatorios y como subsidiaria,
en aquellas zonas donde la oferta pública no sea suficiente para atender
las necesidades de escolarización.
7.- Otros aspectos como distribución unilateral del alumnado con
desventaja social ( en este caso estamos de acuerdo con un reparto
equitativo de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales o por
cualquier otra circunstancia, lo que evitaría la segregación educativa); en
todo caso apoyamos el mantenimiento de los Centros de Educación
Especial.
Valorar los criterios de la solicitud de admisión, como cercanía al centro,
especialmente, o nivel de renta, hermanos/as,… eliminarían la petición
de esta organización del mantenimiento del distrito único o la libre
elección de centro por parte de los padres y ponen contra las cuerdas a una
red de centros que hasta ahora había coexistido con cierta tranquilidad a
pesar de que los costes de la misma no cubrían la educación impartida y
los gastos de los centros.
Lo que nos lleva a solicitar que el módulo de conciertos (que en estos
presupuestos se incrementa casi un 6%), se analice y se resuelva de forma
urgente y prioritaria.
Es preciso clarificar que el término “demanda social” sólo se utilizará
cuando se trate de abrir Nuevos Centros o de ampliar plazas, como parece
entenderse de la Ley.
Y por último, es preciso clarificar el fondo de la propuesta que plantea
“según se vaya ampliando la oferta pública, se irán reduciendo
progresivamente los conciertos educativos”.
8.- Desde Ucoerm entendemos que debemos defender nuestros derechos
actuales y así lo vamos a hacer y queremos pedir un esfuerzo a los
responsables políticos, para superar las dificultades de confrontación
ideológica en algo tan importante y básico para un país como es la
Educación y llegar a un acuerdo con el apoyo de todas las fuerzas
parlamentarias, asociaciones y organizaciones del sector de la enseñanza.
Es un consenso necesario.
9.- Recordar a la Administración y al Gobierno Central que precisamente
fue este Gobierno quién estableció los conciertos educativos en 1985 y
quién estableció ayudas económica (Adicional Novena) desde el Ministerio
de Trabajo para la creación de los centros que fuese necesario construir
bajo la forma de cooperativa.
Y recordar también que son centros concertados aquellos centros de
iniciativa privada con quienes las administraciones suscriben acuerdos para
ser sostenidos con fondos públicos.